El poder de Google

El poder de Google

Google es tan importante y poderoso que la mayoría de empresas del mundo trabajan para gustarle y conseguir mejores resultados. Pero no solo las empresas, ya que las personas se encuentran, en ocasiones indefensas.

Un ejemplo de esto es el ‘derecho al olvido’. En mayo de 2014 el Tribunal de la Unión Europea falló a favor de Mario Costeja, quien durante seis años pleiteó frente a Google para conseguir que desapareciese del primer puesto de resultados una información sobre un embargo por deudas a la Seguridad Social. Esto se ha bautizado como el ‘derecho al olvido’ en Internet. Significa que los “buscadores están obligados a eliminar de su lista de resultados los enlaces a páginas web publicadas por terceros que contengan información relativa a esa persona”. Para ello, el interesado debe presentar una solicitud al gestor del motor de búsqueda, que deberá examinar el fundamento de la petición.

El buscador interpretó esta decisión como “decepcionante” aunque a continuación incluyó el acceso a un formulario con el que cualquier persona puede solicitar desaparecer de los resultados de búsqueda. Aunque avisa:

Google examinará si los resultados incluyen información obsoleta sobre usted, así como si existe interés público por esa información (por ejemplo, Google puede negarse a retirar determinada información sobre estafas financieras, negligencia profesional, condenas penales o comportamiento público de funcionarios del gobierno).

En el primer día de funcionamiento, Google recibió 12.000 solicitudes de europeos pidiendo la retirada de enlaces a informaciones sobre ellos, aunque en caso de aceptar la petición solo se retirará de los dominios del buscador en Europa y no del genérico www.google.com.

Otro caso en el que comprobar la omnipresencia de Google en el mundo ocurrió en Estados Unidos en 2013, cuando el buscador se vio obligado a crear un algoritmo con el que penalizar a aquellos sitios web que se servían de su buen posicionamiento en los resultados de búsqueda para publicar fotos de prontuarios policiales y pedir entre 30 y 400 dólares a los afectados para su retirada.